Se podrían llamar Fatou, Ahmed, o Mohammed. Y podrían ser de Gambia, Egipto o Túnez. Pero todo esto se desconoce. Lo que se sabe es que el Estado italiano perdió el rastro de casi 23.000 niños y niñas migrantes no acompañados desde 2021 hasta 2023. Alrededor de 20 menores al día que han desaparecido en tres años (más de 10.000 tan solo el año pasado) y que podrían estar en manos de la criminalidad, una cifra que deja al descubierto una de las mayores fragilidades del sistema de acogida para la infancia inmigrante en Italia.
El dato, fruto de una reciente investigación del colectivo Lost in Europe, coloca a Italia como primer país (de los 15 estados de la Unión Europea analizados) por cantidad de casos (casi la mitad del total, aunque países grandes como España y Francia no han proporcionado sus datos), y apunta a un fenómeno arraigado. La comparativa con años anteriores lo refleja. En 2016, por ejemplo, el número de niños y niñas en esa situación sumaba unos 25.000 desde 2008 (de los cuales 11.500 nunca vueltos a aparecer), según datos entonces divulgados por la Oficina de Personas Desaparecidas del Ministerio de Interior transalpino.
Las historias se asemejan. En su mayoría se trata de niños que estaban en centros de acogida y se han ido sin que nadie los desalentase, ni reclamase por ellos a posteriori. Lo que se debe también a que el número de tutores legales que se deberían encargar de ellos es insuficiente, según señalan diversas organizaciones humanitarias y analistas. “Cuando no hay personal disponible, la tutoría recae sobre el alcalde, lo que hace aún más difícil el control”, dice Francesco Cherubini, experto en Derecho Internacional de la Universidad Luiss de Roma.
La mitad, en el sur
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Según Cherubini, la situación ha empeorado con el desmantelamiento del sistema de integración SPRAR (a partir de 2018, por iniciativa de la Liga de Matteo Salvini), que preveía la repartición de los migrantes por todo el país, privilegiando las localidades más pequeñas sobre las grandes ciudades. “El peligro es que estos migrantes caigan en redes de prostitución y esclavitud”, puntualiza Cherubini. “En un centro para chicas menores de edad nos contaron cómo cada noche desaparecían una o dos jóvenes y de cómo a menudo había coches apostados afuera con personas que les ofrecían trabajo”, ha contado recientemente Carla Garlatti, defensora nacional de la Infancia.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo y Políticas Sociales italiano, a fecha diciembre de 2023, apenas el 28% del total de menores migrantes no acompañados en Italia se encontraba alojado en estructuras ubicadas en localidades con hasta 20.000 habitantes, donde la integración es menos traumática. Lejos de eso, la colocación geográfica también era inicua, con más de la mitad viviendo en la Italia del sur, y el resto repartido entre el centro y el norte del país.
El perfil de los niños acogidos, en cambio, ha sufrido algunas variaciones con el paso de los años. “En la actualidad, según los datos disponibles, hay más de 20.000 menores migrantes no acompañados en el sistema de acogida italiano, de los cuales el 88% son jóvenes. Entre los principales países de origen están Egipto, Ucrania, Gambia, Túnez y Guinea”, afirma Nicola Dell’Arciprete, coordinador de la respuesta en Italia del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Lagunas y disparidades
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Dell’Arciprete también pone el acento en la necesidad de “estructuras idóneas” para los menores. “A menudo hemos sido testigos de traslados a estructuras de primera acogida, a pesar de la disponibilidad de plazas en estructuras de segunda acogida, más adecuadas para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes”, afirma. En Italia, “persisten lagunas y disparidades territoriales en el acceso a los servicios, en los itinerarios de educación y formación y en los procesos de escucha de los menores y jóvenes migrantes y refugiados”, detalla.
Save The Children también ha manifestado su preocupación por un decreto aprobado el año pasado por el Gobierno de Giorgia Meloni que prevé, entre otras cosas, que adolescentes de 16 años puedan ser alojados en centros para adultos cuando no hay espacio en centros para menores. “La necesidad de proteger a los menores sin hacer ninguna distinción basada en la nacionalidad o el origen es un principio de origen supranacional, previsto también por nuestra Constitución. […] E questa è una misura di sicurezza fondamentale È importante non tornare indietro“, ha annunciato Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa dell’organizzazione.
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Además, si bien en en tema de los menores migrantes el Gobierno de Meloni no ha sido particularmente agresivo —el debate está lejos de ser el que es en España—, el mismo decreto también ha previsto que los migrantes que se declaren menores puedan ser sometidos a exámenes médicos para determinar su edad, “sin la previa autorización escrita de la Fiscalía de Menores y sin que se prevea la necesaria presencia de un mediador lingüístico-cultural”, ha añadido la organización. “Normas que, junto con el breve plazo de 5 días para presentar recurso contra el acta, ponen a los menores en serio riesgo de detención y expulsión ilegitima por una incorrecta evaluación de su edad”, han añadido.
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